Hace -casi exactamente- 36 años ocurría en la ciudad de Libertador General San Martín y la localidad de Calilegua un apagón total, con excepción de la fábrica de Ledesma. Policias y militares circulaban en autos de la empresa, manejados por empleados de la misma, secuestrando trabajadores, obreros y estudiantes.
Ayer presenciamos una reedición del accionar de los Blaquier, al frente del ingenio Ledesma, manejo a voluntad de las fuerzas policiales y el accionar de fuerzas de choque propias para reprimir y asesinar una protesta de trabajadores. Se reprimió hombres, mujeres y chicos, se tiró a la muchedumbre con balas de plomo, con el resultado trágico de -por lo menos- tres muertos.
De ninguna manera podemos hacer oidos sordos, ni mirar para otro lado, cuando ocurren hechos de esta naturaleza. Ante el reclamo de tierra y vivienda, debido a que Ledesma ocupa ya más de 120 mil hectareas, se respondió con la muerte.
Si bien valoramos la tarea de la compañera Garré al frente del Ministerio de Seguridad, necesitamos avanzar ya en cambios estructurales en las fuerzas de seguridad, profundizar la política de no represión a la protesta social, castigo urgente a los culpables. Esto no es un hecho aislado, contamos también con el asesinato de Mariano Ferreyra, los QOM, y el Indoamericano. El gobierno nacional no debe esquivar estas cosas, hay que seguir en el camino de enfrentar al poder económico en defensa de la clase de los trabajadores.
Los asesinos de hoy son los mismos de ayer, la complicidad entre las fuerzas de seguridad y el poder económico y político sigue intácto en muchos casos. Avancemos con organización popular para que los juicios por los crímenes de la dictadura no se limiten a los militares, sino también a sus complices civiles, como sin duda lo son los Blaquier. Avancemos hacia los cambios necesarios para defender los derechos más elementales de los trabajadores, pan, tierra y trabajo.
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